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España exige bancos: se requieren cajeros automáticos en cada pueblo: una medida audaz

El Parlamento español ha aprobado una legislación histórica destinada a frenar una ola de desinversión bancaria en los pequeños pueblos y aldeas rurales del país. La nueva ley exige acceso disponible a cajeros automáticos después de que miles de sucursales bancarias y cajeros automáticos cerraran en toda España durante la última década, dejando a muchas poblaciones mayores y remotas sin servicios financieros básicos.

Según las estadísticas, entre 2008 y 2019, España experimentó el nivel más extremo de cierres de sucursales bancarias en Europa, con más del 48% de las sucursales cerradas, más del 31% por encima del promedio continental. A medida que la banca se digitaliza rápidamente, los sistemas analógicos y el acceso al efectivo se han convertido en lujos para gran parte de la España provincial.

El Banco de España advirtió el año pasado que casi 1,3 millones de españoles, cerca del 3% de la población total, luchan ahora duramente para obtener moneda de curso legal. Para los ciudadanos que dependen de pensiones y carecen de conocimientos de Internet, la doble desaparición de los bancos físicos y los cajeros automáticos ha hecho funcionalmente imposible acceder al dinero necesario para alimentos, servicios públicos y otras necesidades críticas.

Las regiones rurales como Castilla y León, Galicia, Aragón y Andalucía han sido las más afectadas por la exclusión del efectivo, y los pueblos remotos se están vaciando a medida que los residentes de edad avanzada que dependen del efectivo se ven obligados a marcharse para sobrevivir. Esta crisis de accesibilidad bancaria ha agravado la emergencia de despoblación existente en las pequeñas localidades españolas. Además, también puedes leer sobre- Ideas de negocios tecnológicos.

Si bien el sector bancario firmó voluntariamente acuerdos en 2022 para ampliar la inclusión financiera, los mecanismos deficientes de supervisión y aplicación llevaron a muchas comunidades a sufrir más cierres de sucursales y cajeros automáticos. Respondiendo a las peticiones de los líderes municipales, el Parlamento aprobó esta semana una legislación innovadora para garantizar concretamente cajeros automáticos accesibles en zonas excluidas.

Los nuevos estatutos exigen legalmente que se instale y mantenga al menos un cajero automático 24 horas al día, 7 días a la semana en cualquier municipio o vecindario que se considere en riesgo de exclusión de efectivo según los criterios de la ley. Fundamentalmente, los bancos deben asumir todos los gastos relacionados con la ubicación y la funcionalidad de los cajeros automáticos sin traspasar los costos a los consumidores. Las máquinas también deben ofrecer lenguas regionales cooficiales como el catalán o el euskera en zonas relevantes.

Al obligar a los bancos a proporcionar acceso vital a los cajeros automáticos en comunidades desatendidas, el liderazgo político español espera frenar la hemorragia de las aldeas rurales y, al mismo tiempo, garantizar que las poblaciones análogas y envejecidas no queden en la indigencia. Aunque solicitada desde hace mucho tiempo, la acción legislativa de esta semana representa una afirmación sin precedentes de los derechos financieros en nombre de los españoles rurales que enfrentan amenazas existenciales por la aceleración de la digitalización bancaria.

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