Informe de la ONU señala a 158 empresas vinculadas a asentamientos israelíes
Un nuevo informe de las Naciones Unidas ha identificado a 158 empresas que operan en asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluyendo compañías globales bien conocidas como Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor. Estos asentamientos son considerados ilegales bajo el derecho internacional por la ONU, ya que violan convenciones como la Cuarta Convención de Ginebra, aunque Israel mantiene que son legítimos y disputa esta interpretación basándose en argumentos históricos y de seguridad.
El informe, publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) el 27 de septiembre de 2025, representa una actualización significativa de la base de datos original establecida en 2019. Esta actualización agrega 68 nuevas empresas desde la versión de 2023, lo que refleja un monitoreo continuo de las actividades comerciales en territorios disputados. La lista incluye una mezcla de firmas locales israelíes y multinacionales de países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, China y Francia. Por ejemplo, el gigante cementero alemán Heidelberg Materials AG fue incluido recientemente, a pesar de que la compañía ha argumentado que cesó sus operaciones en canteras palestinas en 2023 y ha solicitado formalmente su remoción de la lista, citando evidencia de desinversión. Otras adiciones notables incluyen empresas de tecnología y turismo que facilitan reservas en asentamientos, lo que según la ONU podría contribuir indirectamente a la expansión de estos territorios al normalizar su uso económico.
Además, el informe detalla la remoción de siete empresas que demostraron haber terminado sus vínculos con actividades problemáticas. Estas eliminaciones se basaron en verificaciones independientes, como revisiones de contratos y reportes financieros, asegurando que la base de datos permanezca precisa y actualizada. La OHCHR enfatiza que esta herramienta no es punitiva, sino informativa, diseñada para ayudar a inversores, gobiernos y consumidores a tomar decisiones éticas. Fuentes creíbles como el sitio oficial de la ONU y reportes de organizaciones como Amnistía Internacional confirman que el proceso de inclusión involucra una revisión exhaustiva de evidencias, incluyendo testimonios de afectados y datos satelitales que muestran la expansión de asentamientos.
Rechazo de Israel y posturas internacionales
Israel ha respondido con fuerza al informe, calificándolo como una “lista negra” sesgada que discrimina contra negocios legítimos y podría fomentar el boicot antisemita. Funcionarios israelíes, incluyendo el Ministerio de Asuntos Exteriores, argumentan que no hay una prohibición absoluta en el derecho internacional para operar en zonas de conflicto, y defienden que los asentamientos están en tierras disputadas con reclamos históricos judíos, no en territorio ocupado ilegalmente. Esta visión contrasta directamente con la opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que declaró la ocupación israelí de Cisjordania como ilegal y ordenó su fin inmediato, incluyendo la evacuación de colonos. La CIJ, respaldada por resoluciones de la Asamblea General de la ONU, basó su fallo en evidencias de violaciones sistemáticas, como la transferencia de población civil a territorios ocupados, prohibida por el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra.
La comunidad internacional en gran medida apoya la posición de la ONU, con la Unión Europea emitiendo declaraciones que instan a sus empresas a evitar actividades que perpetúen la ocupación. Reportes de Human Rights Watch y The Guardian detallan cómo esta actualización del informe se alinea con investigaciones independientes que documentan el impacto de los asentamientos en la economía palestina, incluyendo la expropiación de tierras y recursos hídricos. Por instancia, un estudio de 2024 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que los asentamientos cuestan a la economía palestina miles de millones de dólares anuales en pérdidas agrícolas y de desarrollo.
Responsabilidades de las empresas y llamados a la acción
La OHCHR urge a las empresas listadas a evaluar y mitigar cualquier daño causado por sus operaciones, participando en procesos de remediación como compensaciones a comunidades afectadas o la terminación de contratos controvertidos. Volker Türk, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha destacado que en contextos de conflicto, las compañías deben realizar debidas diligencias ampliadas para no contribuir a abusos, alineándose con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Grupos de la sociedad civil, como Oxfam y el Centro Palestino para los Derechos Humanos, han elogiado la base de datos como un paso crucial hacia la accountability corporativa, permitiendo campañas de presión que han llevado a desinversiones en el pasado, como el caso de empresas que abandonaron proyectos en asentamientos tras presiones públicas.
Para enriquecer el contexto, es relevante mencionar que el informe incorpora datos de fuentes verificadas, incluyendo informes de la OCHA que documentan más de 1,000 incidentes de violencia relacionada con asentamientos en 2024. Estos incluyen demoliciones de hogares palestinos y restricciones al acceso a tierras, lo que agrava la pobreza y el desplazamiento. Un análisis de 2025 de la BBC revela que empresas como Airbnb han enfrentado boicots globales por listar propiedades en asentamientos, lo que ha impulsado revisiones internas en varias firmas.
Contexto más amplio y presiones crecientes
Este informe se enmarca en un período de tensiones elevadas, con Israel bajo escrutinio por sus acciones en Gaza y Cisjordania desde octubre de 2023. La expansión de asentamientos ha acelerado, con aprobaciones para miles de nuevas unidades habitacionales, según datos del grupo israelí Peace Now. Una Comisión de Investigación de la ONU concluyó en 2025 que estas políticas indican una intención de anexión permanente, respaldada por evidencias como leyes que facilitan la confiscación de tierras palestinas y el aumento de puestos de control militares que restringen el movimiento.
Israel ha rechazado estas acusaciones como motivadas políticamente, pero la presión internacional persiste, con la Asamblea General de la ONU adoptando resoluciones en 2024 que llaman a los estados a no reconocer ni apoyar la ocupación. Fuentes como Al Jazeera y Reuters reportan que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha aprobado expansiones recientes, bloqueando efectivamente caminos hacia un estado palestino viable, lo que viola resoluciones como la 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Desde la guerra de 1967, los asentamientos han crecido a más de 280 comunidades con alrededor de 700,000 colonos, fragmentando el territorio palestino y complicando negociaciones de paz. La base de datos de la ONU subraya la brecha entre normas internacionales y políticas israelíes, destacando el dilema para empresas globales. Esto genera debates sobre responsabilidad corporativa, con expertos como los del Instituto Brookings argumentando por marcos regulatorios más estrictos para prevenir contribuciones a violaciones de derechos humanos, basados en casos precedentes como el apartheid en Sudáfrica.
