YouTube acepta pagar 4.5 millones para resolver la demanda de Trump: Presentación judicial
YouTube, la popular plataforma de videos propiedad de Google, ha llegado a un acuerdo para pagar 24,5 millones de dólares y poner fin a una demanda presentada por el expresidente Donald Trump y varios otros demandantes. Esta resolución, detallada en un documento judicial reciente, surge después de la suspensión de la cuenta de Trump en 2021 y busca evitar los altos costos y riesgos de un litigio prolongado, sin que ninguna de las partes admita responsabilidad.
Detalles completos del acuerdo de settlement
El acuerdo, presentado en un tribunal federal, especifica cómo se distribuirán los fondos. De los 24,5 millones de dólares totales, 22 millones se destinarán directamente a apoyar la construcción de un Salón de Baile Estatal en la Casa Blanca. Estos fondos se administrarán a través de una entidad exenta de impuestos conocida como Trust for the National Mall, una organización dedicada a la preservación y mejora de espacios históricos en el National Mall de Washington D.C. Esta entidad ha estado involucrada en proyectos similares en el pasado, como la restauración de monumentos nacionales, lo que asegura que el dinero se utilice de manera transparente y alineada con objetivos públicos, según reportes de fuentes como ABC News y documentos judiciales oficiales.
Los restantes 2,5 millones de dólares se repartirán entre los otros demandantes que se unieron a Trump en la acción legal. Entre ellos figuran organizaciones y personas como la American Conservative Union, un grupo conservador influyente en la política estadounidense; Andrew Baggiani, un activista político; Austen Fletcher, conocido por su canal de YouTube conservador; Maryse Veronica Jean-Louis, una figura en círculos de libertad de expresión; Frank Valentine, un defensor de derechos digitales; Kelly Victory, una experta en salud y comentarista; y Naomi Wolf, autora y activista conocida por sus críticas a las políticas de moderación en redes sociales. Cada uno de estos demandantes alegó daños similares relacionados con la suspensión de contenidos, y el pago representa una compensación por sus reclamos, aunque no se detalla la distribución exacta por individuo en el documento.
El texto del acuerdo es claro en su lenguaje: “Este Aviso de Acuerdo y Estipulación de Desestimación no constituirá una admisión de responsabilidad o culpa por parte de los Demandados o sus agentes, sirvientes o empleados, y se celebra por todas las Partes con el único propósito de comprometer reclamos disputados y evitar los gastos y riesgos de litigios adicionales”. Esta cláusula estándar en acuerdos legales protege a YouTube de implicaciones futuras, como lo confirman expertos en derecho citados en publicaciones como The New York Times. Un portavoz de Google, al ser contactado por ABC News el lunes, simplemente remitió a los periodistas al documento oficial, sin ofrecer comentarios adicionales, lo que subraya la estrategia de la empresa de mantener un perfil bajo en estos casos.
Contexto histórico de la suspensión de Trump en YouTube
La controversia se remonta al 6 de enero de 2021, cuando miles de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en un intento por interrumpir la certificación de las elecciones presidenciales de 2020. YouTube suspendió la cuenta de Trump poco después, citando que un video subido por él violaba sus políticas estrictas contra la incitación a la violencia y la difusión de información falsa que pudiera generar disturbios. La plataforma, que cuenta con miles de millones de usuarios globales, implementó esta medida como parte de un esfuerzo más amplio para moderar contenidos extremistas tras los eventos del Capitolio, alineándose con acciones similares de otras redes sociales.
La suspensión duró más de dos años, hasta marzo de 2023, cuando YouTube restauró el canal de Trump. La compañía explicó esta decisión argumentando que, en el contexto de las próximas elecciones presidenciales, era esencial permitir que los votantes accedieran a las voces de candidatos nacionales importantes de manera equitativa. “Los votantes deberían poder escuchar por igual a los principales candidatos nacionales en el período previo a una elección”, afirmó YouTube en un comunicado oficial en ese momento, según reportes de CNN y The Washington Post. Durante el período de suspensión, Trump perdió acceso a una audiencia masiva, ya que su canal tenía millones de suscriptores y vistas acumuladas, lo que él argumentó como una violación directa a su derecho a la libertad de expresión protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
En la demanda original, presentada en 2021, Trump y los co-demandantes acusaron a YouTube de censura injusta y de actuar como un “monopolio” en la moderación de discursos políticos. Alegaron que la plataforma aplicaba sus reglas de manera sesgada, favoreciendo ciertas ideologías sobre otras, un reclamo que ha sido debatido en círculos legales y que resuena con preocupaciones más amplias sobre el poder de las big tech en la sociedad, como se discute en análisis de fuentes como Reuters y The Guardian.
Este settlement con YouTube es el más reciente en una serie de resoluciones legales que Trump ha logrado este año contra compañías de redes sociales por suspensiones similares post-6 de enero. En enero de 2025, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar 22 millones de dólares para apoyar la biblioteca presidencial de Trump, más 3 millones adicionales en honorarios legales. Este acuerdo, detallado en una carta de los abogados de Meta y reportado por The New York Times, también evitó admisiones de culpa y se centró en resolver disputas rápidamente.
En febrero, X (anteriormente Twitter), propiedad de Elon Musk, aceptó un pago de aproximadamente 10 millones de dólares para cerrar otra demanda de Trump, según informes del Wall Street Journal. En este caso, la suspensión de Trump en Twitter (ahora X) fue una de las primeras y más notorias, ocurriendo solo días después del ataque al Capitolio. Trump fue restaurado en X en 2022 tras la adquisición de Musk, quien ha promovido una política de “libertad de expresión absoluta”. Estos acuerdos colectivos suman más de 56 millones de dólares en pagos a Trump y sus causas, destacando su estrategia legal agresiva contra las plataformas digitales.
Estos casos no solo benefician financieramente a Trump, sino que también alimentan discusiones sobre la regulación de las redes sociales. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation han señalado que tales litigios podrían influir en futuras políticas de moderación, equilibrando la libertad de expresión con la prevención de daños reales, como la incitación a la violencia. Fuentes creíbles, incluyendo documentos judiciales accesibles en PACER (el sistema de registros judiciales de EE.UU.) y coberturas de medios como Bloomberg y Forbes, verifican estos detalles y proporcionan un contexto más profundo sobre las implicaciones para la industria tecnológica.
Más allá de este acuerdo específico, el caso de Trump contra YouTube resalta tensiones ongoing en la intersección entre tecnología, política y derechos constitucionales. Plataformas como YouTube manejan diariamente miles de millones de contenidos, y sus decisiones de moderación a menudo generan controversias. Por ejemplo, un informe de 2023 de la Universidad de Stanford sobre moderación de contenidos indicó que las suspensiones post-6 de enero afectaron a cientos de cuentas, no solo la de Trump, con el objetivo de mitigar riesgos de desinformación electoral.
Trump ha utilizado estos litigios para posicionarse como un defensor de la libertad de expresión, argumentando que las big tech actúan como censores no electos. Sin embargo, críticos, citados en artículos de The Atlantic, señalan que las plataformas privadas no están obligadas por la Primera Enmienda de la misma manera que el gobierno, un punto clave en fallos judiciales previos. Este acuerdo podría sentar precedentes para futuras demandas, especialmente con el aumento de regulaciones como la Ley de Servicios Digitales en Europa, que exige mayor transparencia en la moderación.
En resumen, este settlement cierra un capítulo en las batallas legales de Trump, pero abre preguntas sobre el futuro de la moderación en línea. La información se basa en fuentes verificadas como ABC News, The Wall Street Journal y documentos judiciales directos, asegurando precisión y relevancia para lectores interesados en política y tecnología.
