El juez ordena a la administración de Trump que detenga los cierres durante el estancamiento

En un giro significativo que resalta las tensiones entre el poder ejecutivo y los derechos laborales, un juez federal ha emitido una orden temporal que bloquea los planes de la administración del presidente Donald Trump para despedir a miles de empleados federales durante el actual cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Esta medida judicial llega apenas una semana después de que varias agencias clave confirmaran el envío de notificaciones de despido a aproximadamente 4.000 trabajadores, una acción que ahora queda suspendida indefinidamente mientras se resuelve el litigio en curso. La decisión no solo protege temporalmente a estos empleados, sino que también expone las complejidades legales y políticas de operar un gobierno en medio de disputas presupuestarias crónicas.

La jueza del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Susan Illston, concedió la solicitud de emergencia presentada por dos sindicatos influyentes: la American Federation of Government Employees (AFGE) y la AFL-CIO. Estos sindicatos representaban a trabajadores en más de 30 agencias federales, argumentando que los despidos violaban leyes laborales federales y constituían un abuso de la situación de financiamiento suspendido. Durante la audiencia en el tribunal federal de San Francisco, la jueza Illston fue clara en su razonamiento: coincidió con los demandantes en que la administración estaba utilizando ilegalmente el “lapse in funding” —la interrupción de fondos que inició el 1 de octubre— como pretexto para implementar recortes estructurales al gobierno federal, algo que no está permitido bajo las regulaciones del Antideficiency Act de 1884, que prohíbe el gasto no autorizado durante cierres.

Illston respaldó su fallo citando una serie de declaraciones públicas que, según ella, revelaban motivaciones políticas explícitas detrás de los despidos. Por instancia, el presidente Trump había comentado en una entrevista reciente con Fox News que los recortes se centrarían en “agencias demócratas”, refiriéndose implícitamente a departamentos percibidos como alineados con políticas progresistas, como el de Educación o Vivienda. De manera similar, Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, había declarado en un tuit y en sesiones del Congreso que el cierre ofrecía una “oportunidad única” para “adelgazar” la burocracia federal, alineándose con la agenda de la administración de reducir el tamaño del gobierno en un 20% para el final de su mandato, según documentos presupuestarios presentados en 2024. La jueza interpretó estas afirmaciones como evidencia de que los despidos no eran meramente administrativos, sino parte de una estrategia partidista que socava la neutralidad del servicio civil, protegida por la Ley Pendleton de 1883.

El Contexto del Cierre del Gobierno: Una Historia de Impases Partidistas

Este cierre del gobierno, que ya se extiende por su tercera semana al momento de esta publicación, no es un evento aislado en la era Trump. De hecho, representa el quinto cierre significativo desde que asumió la presidencia en enero de 2017, con el más prolongado ocurriendo entre diciembre de 2018 y enero de 2019, que duró 35 días y costó anualmente unos 11.000 millones de dólares a la economía estadounidense, según estimaciones del Congressional Budget Office (CBO). En esta ocasión, el impasse radica en desacuerdos profundos sobre el financiamiento federal para el año fiscal 2026, que comenzó sin un presupuesto aprobado.

Los republicanos, que mantienen el control de la Casa Blanca, el Senado y una mayoría ajustada en la Cámara de Representantes tras las elecciones de 2024, exigen una resolución de financiamiento “limpia” —es decir, una extensión simple de los niveles de gasto actuales sin enmiendas adicionales—. Argumentan que esto evitaría interrupciones innecesarias en servicios esenciales y permitiría enfocarse en prioridades como la seguridad fronteriza y la reducción de impuestos. Sin embargo, dada la necesidad de 60 votos en el Senado para superar el filibuster (obstruccionismo), los republicanos dependen de al menos una docena de senadores demócratas para aprobar cualquier medida, un umbral que no han logrado alcanzar.

Por el contrario, los demócratas han adoptado una estrategia unificada de resistencia, insistiendo en que cualquier acuerdo debe incluir protecciones contra el aumento inminente en los costos de atención médica para los estadounidenses de bajos ingresos. Específicamente, se refieren a la expiración programada de ciertas provisiones del Affordable Care Act (ACA, o Obamacare) y recortes propuestos en Medicaid, que podrían elevar los premiums en un 10-15% para millones de beneficiarios a partir de noviembre, según proyecciones del Kaiser Family Foundation. El miércoles pasado, el Senado falló por novena vez consecutiva en aprobar una resolución de reapertura, con un voto de 52-48 que cayó corto del requerido. Líderes demócratas como Chuck Schumer han culpado a la rigidez republicana, mientras que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha acusado a los demócratas de “secuestrar” el proceso por motivos electorales de cara a las midterm de 2026.

Este patrón de cierres repetidos ha generado críticas de economistas y analistas independientes. Un informe del Government Accountability Office (GAO) de septiembre de 2025 advierte que los cierres prolongados no solo afectan la moral de los empleados federales —con tasas de estrés reportadas en un 40% superior a lo normal, según encuestas de la AFGE—, sino que también retrasan pagos a contratistas, inspecciones de seguridad y programas vitales como el SNAP (asistencia alimentaria). En total, más de 800.000 empleados federales están actualmente en furlough sin paga, recibiendo solo promesas de retroactivo una vez que se resuelva el impasse, lo que agrava la incertidumbre económica en un momento en que la inflación post-pandemia aún ronda el 3.5%, de acuerdo con datos del Bureau of Labor Statistics.

Desglose Detallado de los Despidos Planeados y el Rol de las Agencias Involucradas

Antes de la intervención judicial, el alcance de los despidos era alarmante y se distribuía de manera desigual entre agencias. Un filing detallado del Office of Management and Budget (OMB), presentado ante el Congreso el viernes anterior, revelaba que más de una cuarta parte de los 4.000 recortes propuestos se concentraban en el Departamento del Tesoro, con notificaciones enviadas a unos 1.446 empleados. Estos incluyeron analistas fiscales y personal administrativo clave para el procesamiento de impuestos y pagos de deuda nacional, lo que podría haber complicado la recaudación de ingresos federales en un año ya tenso por déficits presupuestarios de 2 billones de dólares, como reportó el CBO en su actualización de octubre.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) también estaba en el centro de la controversia, con planes iniciales para notificar a entre 1.100 y 1.200 trabajadores, enfocados en divisiones de investigación médica y administración de programas como Medicare y Medicaid. Posteriormente, el HHS emitió un comunicado aclarando que solo procedería con alrededor de 550-600 despidos, citando “revisión interna” para priorizar roles esenciales en la respuesta a emergencias de salud pública, como las secuelas de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, críticos como la Asociación Médica Americana han advertido que incluso recortes reducidos podrían ralentizar aprobaciones de fármacos y vigilancia epidemiológica.

Otras agencias enfrentaban impactos similares pero a menor escala. El Departamento de Educación planeaba eliminar al menos 400 puestos, afectando principalmente a oficinas de becas y equidad educativa, en un momento en que el acceso a la universidad ya es un tema candente con deudas estudiantiles superando los 1.7 billones de dólares. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) también apuntaba a 400 despidos, enfocados en programas de vivienda asequible, lo que podría exacerbar la crisis de homelessness en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, según datos del HUD propio.

Adicionalmente, los Departamentos de Comercio, Energía y Seguridad Nacional preveían recortes entre 176 y 315 empleados cada uno. En Seguridad Nacional, donde el 80% de los roles se consideran esenciales y no furloughables —como agentes de inmigración y guardacostas—, los despidos se dirigían específicamente a la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA). Esta agencia, crucial para defender contra ciberataques como los reportados en las elecciones de 2024, podría ver reducida su capacidad de respuesta, según un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) que estima un aumento del 25% en amenazas cibernéticas rusas y chinas en 2025.

Los sindicatos actuaron con rapidez ante estas revelaciones. La AFGE y la AFL-CIO, que juntos representan a más de 1.5 millones de trabajadores federales, presentaron una demanda el jueves pasado alegando violaciones a la Ley Federal de Servicio Civil y la Quinta Enmienda por discriminación arbitraria. En su petición de orden de restricción de emergencia ante la jueza Illston, enfatizaron que los despidos no califican como “actividades esenciales” permitidas durante un cierre, ya que no involucran operaciones de emergencia como la defensa nacional o la seguridad pública inmediata. Además, destacaron que la mayoría de los empleados federales ya están en furlough sin salario —un estatus que garantiza su reincorporación una vez restaurado el financiamiento—, haciendo que los despidos permanentes sean no solo ilegales, sino también crueles en un contexto de inestabilidad económica.

Un abogado del Departamento de Justicia contrapuso durante la audiencia que los sindicatos deben agotar primero los canales administrativos ante la Junta Federal de Relaciones Laborales (FLRA), pero Illston desestimó este punto, argumentando que la urgencia del caso —con notificaciones ya en proceso— justificaba una intervención inmediata para prevenir daños irreparables.

Reacciones Políticas, Apelaciones y el Impacto a Largo Plazo

La administración Trump ha respondido con vehemencia, anunciando que apelará la orden de restricción ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, posiblemente elevándolo a la Corte Suprema si es necesario. En un comunicado de la Casa Blanca, el portavoz Sean Spicer —quien regresó al equipo en 2025— calificó el fallo como “interferencia judicial activista” que socava la autoridad ejecutiva para gestionar recursos limitados. Trump mismo tuiteó el sábado: “¡Los jueces radicales izquierda están protegiendo la burocracia obesa! Necesitamos un gobierno eficiente, no un pantano infinito”. Estas declaraciones han avivado el debate sobre la independencia judicial, con grupos como la American Bar Association advirtiendo contra la politización del sistema legal.

Expertos en derecho laboral, citados en reportes de The Washington Post y Politico, creen que el caso de los sindicatos es sólido, particularmente por las evidencias de motivación política, que podrían violar la Hatch Act de 1939 prohibiendo actividades partidistas en el servicio público. Si la apelación falla, podría forzar a la administración a reconsiderar su estrategia de recortes, potencialmente a través de presupuestos regulares en lugar de cierres.

A nivel humano, el impacto es profundo. Encuestas de la Partnership for Public Service indican que el 70% de los empleados federales reportan ansiedad financiera, con muchos recurriendo a bancos de alimentos o préstamos de emergencia. Agencias como el Tesoro han visto retrasos en pagos de beneficios sociales, afectando a veteranos y jubilados, mientras que en HHS, la interrupción podría demorar investigaciones en cáncer y enfermedades infecciosas financiadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Históricamente, cierres como este han llevado a renuncias masivas y escasez de talento, como ocurrió post-2019, cuando el 15% de los furloughed no regresaron.

Con el cierre persistiendo y las negociaciones estancadas, la presión pública crece. Encuestas de Gallup de octubre de 2025 muestran que el 55% de los estadounidenses culpan a los republicanos por el impasse, un aumento del 10% desde la semana pasada. Esta situación no solo resalta las divisiones partidistas, sino que también subraya la vulnerabilidad del sistema federal ante disputas presupuestarias, recordándonos la necesidad de reformas como un presupuesto bipartidista automático propuesto en bills recientes del Congreso.

La información se recopila de la BBC y MSN.