Megaoperativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 81 detenidos

El martes 28 de octubre de 2025, aproximadamente 2.500 policías y soldados brasileños iniciaron una de las operaciones más masivas y letales de la historia reciente del país en Río de Janeiro, dirigida contra la poderosa pandilla de narcotráfico Comando Vermelho. Esta acción, bautizada como Operación Contención, se concentró en las favelas del Complejo Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad, donde la facción criminal ha establecido un control férreo durante décadas. Según las autoridades estatales, el saldo inicial incluyó 60 sospechosos “neutralizados”, cuatro policías muertos y 81 arrestos, pero el número de fallecidos ha escalado rápidamente a 132, con más de 113 detenciones confirmadas, la incautación de 118 armas de fuego, incluyendo 93 rifles, y más de una tonelada de drogas, principalmente cocaína y marihuana. Esta redada no solo representa la más violenta en la historia de Río, sino que ha desatado un debate nacional sobre la efectividad y el costo humano de las estrategias de seguridad pública en Brasil.​

La operación se gestó durante más de un año y medio de inteligencia policial, con el objetivo principal de desmantelar la estructura de mando del Comando Vermelho y frenar su expansión territorial, que ha llegado a incluir alianzas con grupos en otros estados como Pará y hasta operaciones transfronterizas en la Amazonía peruana y brasileña. Participaron unidades especializadas de la Policía Civil y Militar, respaldadas por 32 vehículos blindados, helicópteros de vigilancia y drones para monitoreo aéreo, en un despliegue que transformó las estrechas calles de las favelas en un escenario de guerra urbana. El gobernador de Río, Cláudio Castro, del Partido Liberal de oposición, la describió en un video publicado en X como “el día histórico en la lucha contra el crimen organizado”, destacando que los criminales respondieron con tácticas avanzadas como el uso de drones para lanzar explosivos sobre las fuerzas policiales, lo que él calificó como “narcoterrorismo” en lugar de delincuencia común. Esta escalada de violencia incluyó barricadas de autobuses incendiados, cortes de energía e internet desde las 3:30 a.m., y tiroteos que duraron horas, obligando a residentes a refugiarse en sus hogares mientras el humo y los disparos llenaban el aire.​

Detalles de la operación y el caos en las favelas

La redada comenzó en la madrugada del martes, alrededor de las 5:00 a.m., cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en 26 comunidades de los complejos Alemão y Penha, ejecutando más de 250 órdenes de arresto y allanamiento. Estas áreas, habitadas por cientos de miles de personas en condiciones de pobreza extrema, son bastiones del Comando Vermelho, una facción nacida en las prisiones de Río en la década de 1970 y que se expandió al tráfico de cocaína en los años 80, controlando rutas clave desde la Amazonía hasta los puertos de exportación. Los agentes se enfrentaron a una resistencia feroz pandilleros armados con rifles automáticos, granadas y drones improvisados que lanzaban bombas caseras, según videos difundidos por la policía y verificados por analistas independientes. El enfrentamiento principal ocurrió en zonas boscosas y colinas cercanas, donde la mayoría de los tiroteos se concentraron, pero el fuego cruzado se extendió a áreas residenciales, con balas impactando en casas de bloques de cemento y causando pánico generalizado.​

Entre las víctimas, 119 eran presuntos miembros de la pandilla que, según el gobierno estatal, “resistieron activamente a la acción policial”, mientras que cuatro eran oficiales dos de la Policía Civil y dos de la Militar, fallecidos en emboscadas iniciales. Al menos 15 agentes resultaron heridos por disparos o explosiones, y un número indeterminado de civiles sufrió lesiones, incluyendo balas perdidas y traumas por el caos. Videos en redes sociales capturaron escenas desgarradoras: humo denso elevándose de vehículos en llamas, perros ladrando frenéticamente ante los disparos, y residentes arrastrándose por el suelo para evitar el fuego. La Defensoría Pública de Río, que proporciona asistencia legal a comunidades vulnerables, confirmó que muchos cuerpos fueron encontrados en la Plaza São Lucas de Penha y en un cerro cercano, algunos en ropa interior para facilitar la identificación por familiares, otros cubiertos con sábanas para resguardar la dignidad. Voluntarios comunitarios, como el líder local Rene Silva, reportaron haber recuperado entre 50 y 70 cadáveres durante la noche del martes al miércoles, muchos con heridas de bala en la cabeza o extremidades atadas, sugiriendo posibles ejecuciones extrajudiciales. La falta de apoyo inmediato de las autoridades obligó a vecinos a transportar los cuerpos en carretillas o a pie hasta espacios públicos, exponiendo la desconexión entre el Estado y estas comunidades marginadas.​

El impacto en la vida diaria fue devastador 46 escuelas cerraron sus puertas, la Universidad Federal de Río de Janeiro suspendió clases nocturnas y ordenó refugio en el campus, y centros de salud colapsaron bajo la presión de heridos. El transporte público se paralizó cuando pandilleros secuestraron al menos 70 autobuses para bloquear carreteras en el norte y sureste de la ciudad, incluyendo accesos al aeropuerto, causando daños millonarios según la asociación Rio Ônibus. Esta respuesta de los criminales se extendió a otras zonas, con reportes de saqueos oportunistas y cortes de servicios que duraron hasta la noche, dejando a miles sin electricidad ni comunicación en medio de la incertidumbre.​

Reacciones de autoridades, tensiones políticas y demandas de accountability

El gobernador Cláudio Castro defendió la operación como un éxito necesario, argumentando que Río “está solo” en la lucha contra el crimen y criticando duramente al gobierno federal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por no ofrecer más recursos, a pesar de que el estado recibe apoyo federal habitual. En su declaración, Castro enfatizó que los fallecidos eran “criminales que no paseaban inocentemente en el bosque durante un conflicto”, minimizando el riesgo a civiles y exigiendo mayor coordinación nacional. Sin embargo, el presidente Lula expresó “asombro” por el alto número de muertes y la falta de notificación previa al gobierno federal, enviando una delegación de ministros, incluyendo al jefe de Gabinete Rui Costa y al ministro de Justicia Ricardo Lewandowski, para una reunión de emergencia en Río el miércoles. Gleisi Hoffmann, enlace parlamentaria de la administración Lula, reconoció la necesidad de acción conjunta y citó una reciente ofensiva contra el lavado de dinero en cadenas de combustible como ejemplo de compromiso federal contra el crimen organizado. Esta tensión política se agudizó cuando el Tribunal Supremo de Brasil, a través del juez Alexandre de Moraes, ordenó a Castro comparecer el 3 de noviembre para explicar el uso de la fuerza, el despliegue de agentes y el manejo de víctimas, en una audiencia que podría derivar en investigaciones por violaciones a los derechos humanos.​

A nivel internacional, la ONU se declaró “horrorizada” por la escala de violencia y urgió investigaciones independientes conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con el secretario general António Guterres insistiendo en el uso proporcional de la fuerza. Human Rights Watch, a través de su director en Brasil César Muñoz, la calificó como una “tragedia enorme y un desastre”, demandando que el Ministerio Público inicie probes autónomas para esclarecer cada muerte y evitar impunidad. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) repudió las declaraciones de Castro por deshumanizar a las víctimas y ignorar el impacto en civiles inocentes. Localmente, el Instituto Marielle Franco, creado por la familia de la concejala asesinada Marielle Franco —quien abogaba por los derechos en favelas—, denunció la redada como una “política de exterminio” que convierte la vida cotidiana de personas negras y pobres en una “ruleta rusa”, perpetuando un ciclo de miedo y exclusión social.​

Impacto en la comunidad, testimonios y recuperación inmediata

En las favelas, el trauma persiste residentes como Elieci Santana, de 58 años, describieron haber encontrado decenas de cuerpos en plazas y senderos, con familias llorando en la oscuridad mientras esperaban ayuda que no llegaba. “Despertamos con tiros por todos lados, como una guerra”, relató un vecino anónimo, temiendo represalias de la pandilla, quien se escondió con sus hijos en el rincón más seguro de su casa durante horas. Líderes comunitarios como Rene Silva destacaron la desesperación “Más cuerpos seguían apareciendo; había mujeres, niños allí”, mientras voluntarios organizaban la recuperación de cadáveres sin equipo forense oficial, lo que retrasó identificaciones y entierros. Para el viernes 31 de octubre, familias comenzaron a sepultar a sus seres queridos en cementerios locales, con protestas espontáneas exigiendo justicia y la renuncia de Castro, argumentando que la operación no capturó a líderes clave y solo eliminó a “peones reemplazables”.​

Expertos en seguridad pública, como el sociólogo Luis Flavio Sapori de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, criticaron la falta de estrategia integral “Son números de guerra, pero estas redadas son ineficientes porque no tocan a los mandamases en las prisiones o el financiamiento solo matan a rangos bajos que se reponen rápidamente”. Sapori enfatizó la necesidad de invertir en inteligencia, programas sociales y prevención de la pobreza, en lugar de confrontaciones armadas que exacerban la desconfianza en el Estado. Analistas como Thiago Rodrigues, experto en crimen organizado, agregaron que la operación fue un “intento de proyectar poder” ante la expansión del Comando Vermelho, pero falló en su objetivo principal de arrestar a un líder clave, dejando un vacío que podría generar más violencia.​

Contexto histórico del Comando Vermelho y la violencia crónica en Río

El Comando Vermelho, una de las facciones criminales más antiguas de Brasil, surgió en las cárceles de Río durante la dictadura militar de los 1970, cuando presos políticos y comunes se unieron contra el sistema penitenciario. En los 80, se infiltró en el tráfico de drogas, convirtiéndose en un imperio transnacional que controla favelas, prisiones y rutas de cocaína desde la Amazonía hasta Europa y África. Compite con grupos como Amigo dos Amigos y el Primer Comando de la Capital (PCC) de São Paulo, generando guerras territoriales que han matado miles. Río ha sido epicentro de esta violencia por décadas: en marzo de 2005, 29 personas murieron en la región de Baixada Fluminense en una redada similar; en mayo de 2021, 28 fallecieron en la favela de Jacarezinho, la más letal hasta esta fecha. Sin embargo, la Operación Contención supera todas por su magnitud, ocurriendo justo antes de eventos internacionales como la conferencia climática de la ONU en Río y Belém, lo que amplifica el escrutinio global.​

Esta redada, aunque presentada como victoria por incautaciones y arrestos —incluyendo traficantes de otros estados—, ha expuesto las fallas sistémicas: la impunidad en ejecuciones policiales, la marginalización de favelas con más de 1.5 millones de habitantes, y la ausencia de políticas que aborden raíces como la desigualdad y el narcotráfico global. Mientras las investigaciones forenses avanzan y el Supremo Tribunal exige transparencia, la ciudad lidia con el duelo y el temor a represalias, recordando que la verdadera seguridad requiere más que balas: educación, empleo y justicia equitativa.