Indonesia suspende el registro de TikTok por no compartir datos

El Ministerio de Comunicaciones e Informática de Indonesia hizo un anuncio importante el viernes pasado, declarando la suspensión temporal del Certificado de Registro de Operadores de Sistemas Electrónicos (TDPSE) de la empresa TikTok Pte. Ltd. Esta acción regulatoria se tomó después de que la popular plataforma de videos cortos no proporcionara datos completos y detallados sobre sus actividades de transmisión en vivo, las cuales ocurrieron en medio de intensas protestas nacionales que se extendieron desde finales de agosto hasta principios de septiembre. La medida subraya el compromiso del gobierno indonesio con la supervisión estricta de las plataformas digitales extranjeras, especialmente aquellas con una base de usuarios masiva en el país, donde TikTok supera los 100 millones de cuentas activas, lo que la convierte en una de las redes sociales más influyentes en el sudeste asiático.

Esta suspensión no implica un bloqueo inmediato del servicio para los usuarios cotidianos, pero sí representa un revés significativo para las operaciones locales de TikTok. Según declaraciones oficiales del ministerio, el objetivo es asegurar que las empresas tecnológicas cumplan con las normativas locales de transparencia y seguridad, evitando que herramientas digitales se conviertan en vectores de desinformación o actividades ilícitas. Expertos en derecho digital indonesio, como aquellos consultados en informes de medios locales, han señalado que esta decisión podría sentar un precedente para otras plataformas como Facebook o Instagram, que también manejan funciones de streaming en vivo y podrían enfrentar escrutinio similar en el futuro.

El contexto detallado de las protestas nacionales y el mal uso de las transmisiones en vivo

Las protestas en Indonesia durante finales de agosto y septiembre de 2023 fueron un evento clave que involucró a miles de manifestantes en ciudades principales como Yakarta, Bandung y Surabaya. Estas manifestaciones, organizadas principalmente por estudiantes, sindicatos y grupos civiles, se centraron en demandas por reformas laborales más justas, mejoras en el acceso a la educación superior y la protección de derechos civiles frente a políticas gubernamentales percibidas como restrictivas. El movimiento ganó tracción en redes sociales, donde videos y transmisiones en vivo capturaron momentos de tensión, incluyendo enfrentamientos con la policía y discursos públicos que amplificaron las voces de los participantes.

En este escenario volátil, el ministerio detectó que ciertas cuentas en TikTok, vinculadas directamente a operaciones de juego en línea ilegal, explotaron la función de live streaming para generar ingresos. Estos streams no solo cubrían aspectos de las protestas, como marchas y consignas, sino que también intercalaban promociones de apuestas digitales, atrayendo a audiencias vulnerables durante un período de alta emocionalidad social. El juego en línea es una preocupación creciente en Indonesia, un país de mayoría musulmana donde las apuestas están prohibidas por ley desde hace décadas, y las autoridades han intensificado las redadas contra plataformas que facilitan tales actividades. El ministerio, en su comunicado detallado, enfatizó que este tipo de monetización indebida no solo viola las políticas internas de TikTok, sino que también socava la estabilidad social al mezclar contenidos legítimos de protesta con elementos criminales, potencialmente exacerbando divisiones y fomentando comportamientos riesgosos entre los jóvenes usuarios.

La respuesta inmediata de TikTok y la solicitud formal de datos por parte del gobierno

Como medida preventiva, TikTok optó por pausar su función de transmisión en vivo en todo el territorio indonesio durante el pico de las protestas. La compañía, que es una subsidiaria de ByteDance, el gigante tecnológico chino con sede en Pekín, justificó esta decisión en un comunicado oficial como una forma de “mantener un espacio seguro y civil” para sus usuarios. Esta suspensión temporal permitió a la plataforma revisar sus algoritmos de moderación y eliminar contenidos problemáticos, pero también generó críticas de creadores de contenido que dependen de las lives para interactuar con su audiencia y generar ingresos legítimos a través de donaciones o patrocinios.

Posteriormente, el gobierno indonesio, a través del Ministerio de Comunicaciones e Informática, emitió una solicitud formal y detallada dirigida a TikTok. Los datos requeridos incluían métricas exhaustivas sobre el tráfico de usuarios durante las protestas, registros completos de todas las transmisiones en vivo realizadas en ese período, y un desglose preciso de las monetizaciones generadas, incluyendo transacciones específicas vinculadas a cuentas sospechosas. Esta petición se enmarcaba en el derecho de supervisión gubernamental para evaluar el impacto de las plataformas en la seguridad nacional y el cumplimiento de leyes anti-juego. Sin embargo, TikTok respondió solo con datos parciales, alegando restricciones basadas en sus protocolos internos de privacidad y protección de datos, los cuales priorizan la confidencialidad de los usuarios según estándares globales como el RGPD europeo o sus propias políticas. Esta entrega incompleta fue vista por las autoridades como una falta de cooperación, especialmente considerando que Indonesia ha fortalecido sus requisitos de datos desde la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales en 2022.

La violación de obligaciones legales y las posibles consecuencias a largo plazo

Alexander Sabar, un alto funcionario del Ministerio de Comunicaciones e Informática, fue quien confirmó públicamente la decisión, declarando que TikTok había violado sus obligaciones contractuales como proveedor privado de sistemas electrónicos. En esencia, la ley indonesia actual, específicamente el Reglamento del Gobierno No. 71 de 2019 sobre el funcionamiento de sistemas electrónicos y transacciones, junto con actualizaciones posteriores, exige que todas las empresas registradas entreguen datos completos al gobierno para propósitos de supervisión, auditoría y prevención de riesgos. El incumplimiento puede resultar en suspensiones como esta, o en medidas más drásticas como el bloqueo total del servicio, similar a lo que ocurrió con la app de videos adultos Vimeo en 2020 o con ciertos servicios de Netflix por cuestiones de contenido local.

Indonesia, con su población joven y altamente conectada —más de 200 millones de usuarios de internet en un total de 270 millones de habitantes—, ha adoptado un enfoque proactivo en la regulación digital para equilibrar la innovación con la soberanía nacional. La Asociación de Internet de Indonesia (APJII) ha reportado en estudios recientes que las plataformas como TikTok representan tanto oportunidades económicas, con miles de empleos en creación de contenido, como desafíos en ciberseguridad y desinformación. En este caso, la suspensión del TDPSE significa que TikTok pierde su acreditación oficial, lo que podría complicar alianzas con anunciantes locales, pagos a creadores y cumplimiento con impuestos digitales. Hasta el momento, TikTok no ha emitido una respuesta oficial al anuncio del ministerio, pero analistas especulan que la compañía podría apelar la decisión o negociar una entrega adicional de datos para restaurar su estatus.

Esta situación resalta las tensiones crecientes en el sudeste asiático entre gobiernos y empresas tecnológicas multinacionales. Países como Vietnam y Tailandia han implementado regulaciones similares, exigiendo mayor transparencia en datos durante eventos sociales sensibles. Para los usuarios indonesios, el impacto podría incluir limitaciones en funciones avanzadas de la app si la suspensión se prolonga, aunque el servicio básico de videos cortos permanece operativo. Las autoridades han instado a TikTok a actuar con rapidez para resolver el asunto, enfatizando que la cooperación es esencial para mantener la confianza en el ecosistema digital del país.

La información se recopila de MSN y The Hindu.