Llamado de Pedro Sánchez al Pacto Climático: Unidad Política o Promesa Vacía?

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha lanzado un llamado urgente a la unidad nacional para forjar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, describiéndolo como un “Pacto por España” que trasciende las divisiones políticas y une a todos en una causa común. Este anuncio, hecho en medio de un 2025 marcado por el verano más cálido registrado, incendios forestales que han devastado casi 400.000 hectáreas y fenómenos extremos como las DANAs que han causado pérdidas humanas y materiales incalculables, busca responder a una crisis que ya no es futura sino presente y cotidiana en nuestras vidas. Muchos ciudadanos y expertos se preguntan si este pacto climático representa un verdadero compromiso colectivo para la acción inmediata o si se trata de una promesa vacía, diseñada más para ganar apoyo político que para generar cambios reales en la protección del medio ambiente y la sociedad. En este artículo detallado, exploramos el contexto histórico y actual de la emergencia climática en España, analizamos las propuestas concretas de Sánchez con datos factuales, examinamos los impactos económicos y sociales profundos, revisamos las críticas desde diversos sectores y evaluamos las oportunidades y desafíos por delante, todo ello con el fin de ofrecer una visión clara y equilibrada que ayude a los lectores a formar su propia opinión informada. Usando información verificada y reciente, como los informes del Gobierno y organizaciones ambientales, veremos cómo el cambio climático afecta directamente a nuestra salud, economía y futuro, y por qué un pacto unido podría ser la clave para una España más resiliente.

El Contexto de la Emergencia Climática en España

España se encuentra en la primera línea de batalla contra el cambio climático en Europa, sufriendo un calentamiento global que acelera eventos extremos y pone en riesgo la vida diaria de millones de personas, desde las zonas rurales afectadas por sequías hasta las ciudades golpeadas por olas de calor. En 2025, el país ha registrado su peor año de incendios forestales en décadas, con más de 354.000 hectáreas quemadas hasta septiembre, lo que equivale a un área casi cinco veces mayor que la ciudad de Madrid y ha obligado a evacuar a miles de familias en provincias como Ourense, León y Zamora, donde el fuego ha destruido ecosistemas enteros y ha dejado un impacto ambiental irreversible. Las DANAs, conocidas como Depresiones Aisladas en Niveles Altos, han intensificado las inundaciones catastróficas, recordando la tragedia de Valencia en 2024 que cobró 232 vidas y causó daños por miles de millones de euros, un patrón que se repite en 2025 con lluvias torrenciales que inundan infraestructuras y cultivos, exacerbando la vulnerabilidad de comunidades enteras. El informe ERICC-2025 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) detalla 141 riesgos climáticos identificados en todo el territorio español, de los cuales 51 son considerados críticos por su inminencia y gravedad, abarcando desde sequías prolongadas que amenazan el suministro de agua potable hasta olas de calor que podrían extenderse hasta 50 días al año para finales de siglo, y elevaciones del nivel del mar proyectadas en 50 a 60 centímetros para 2100 que pondrían en jaque las costas habitadas por ocho millones de personas. Estos riesgos no actúan de forma aislada, sino en una red interconectada: un incendio forestal, por ejemplo, erosiona el suelo y facilita inundaciones posteriores, mientras que la salinización de acuíferos por intrusión marina agrava la escasez de agua dulce, afectando la agricultura y la industria en regiones clave como Andalucía y Murcia. España, con un aumento proyectado de temperatura de 2 a 3 grados Celsius para mediados de siglo en escenarios de altas emisiones, se posiciona como uno de los países más vulnerables de la Unión Europea, donde la adaptación urgente se convierte en una necesidad imperativa para mitigar pérdidas humanas, económicas y ecológicas que ya se materializan en la realidad cotidiana.

Las Propuestas de Pedro Sánchez para el Pacto Climático

Pedro Sánchez presentó su propuesta para el Pacto de Estado en agosto de 2025, inmediatamente después de un verano devastador por incendios que ha sido calificado como el peor en la historia reciente de España, con el objetivo de crear un marco de acción unificada que involucre a todas las administraciones públicas, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos locales, pasando por comunidades autónomas y la sociedad civil en su conjunto, para enfrentar la crisis con una visión de largo plazo que supere las diferencias ideológicas. Sánchez ha enfatizado que este pacto debe ser similar a acuerdos exitosos previos, como los contra el terrorismo o la violencia de género, donde la unidad nacional ha sido clave para resultados duraderos, y lo ha enmarcado como una oportunidad para posicionar a España como líder mundial en transición ecológica, invirtiendo más de 30.000 millones de euros en renovables desde 2017 y convirtiendo al país en la cuarta economía más sostenible del planeta. Las 10 medidas centrales incluyen la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para coordinar respuestas rápidas a desastres, fondos permanentes financiados por todas las administraciones para la reconstrucción post-evento, y una red nacional de refugios climáticos en ciudades y pueblos que protejan a la población de olas de calor extremas, una iniciativa urgente dada que más del 70% de las capitales provinciales carecen de tales espacios efectivos según informes recientes. Otras propuestas abordan la gestión integral del agua mediante una Estrategia Nacional de Resiliencia Hidráulica que prevenga sequías e inundaciones, límites estrictos a nuevas construcciones en zonas de alto riesgo para evitar daños futuros, y adaptaciones laborales que protejan a trabajadores expuestos al calor, como pausas obligatorias en jornadas extremas, todo ello complementado por el fomento de la agroforestería, ganadería extensiva y pastoreo para restaurar suelos y reducir emisiones. En su intervención en la Convención de Ponferrada en octubre de 2025, Sánchez reiteró la mano tendida a todas las fuerzas políticas, especialmente al PP, y vinculó el pacto con la defensa nacional, proponiendo que el 13% del aumento presupuestario en defensa –más de 10.000 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en 2025– se destine a protección civil y mitigación climática, alineándose con directrices de la UE y la OTAN para reconocer el cambio climático como amenaza a la seguridad. Además, Sánchez busca una coordinación ibérica y mediterránea, como la propuesta en septiembre de 2025 con Francia y Portugal para medidas transfronterizas contra incendios y riesgos costeros, y planea convocar anualmente convenciones con expertos y ciudadanos para asegurar que el pacto evolucione con la ciencia y las necesidades reales, respondiendo a encuestas que muestran que el 90% de los españoles perciben la crisis climática como grave y el 75% apoyan un acuerdo de Estado.

Impactos Económicos y Sociales del Cambio Climático

El cambio climático impone un costo humano y financiero abrumador a España, erosionando la economía nacional a través de pérdidas directas en sectores vitales y profundizando desigualdades sociales que afectan desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, como los ancianos, los pobres y las comunidades rurales que dependen del campo para su sustento. En 2025, los incendios forestales han generado daños millonarios en la agricultura, con cultivos destruidos y compensaciones por sequías que superan los cientos de millones de euros, mientras que el turismo costero, que representa el 12% del PIB, sufre por la erosión de playas y el calor que disuade a visitantes, con proyecciones de pérdidas anuales de hasta 1.000 millones de euros si no se actúa. Socialmente, las olas de calor causan miles de muertes al año, principalmente entre personas mayores y sin acceso a aire acondicionado, y las inundaciones desplazan familias enteras, exacerbando la pobreza en regiones como el Levante donde las DANAs han interrumpido el suministro de agua y energía para millones. El informe ERICC-2025 destaca más de 1.700 interrelaciones entre riesgos, como cómo un incendio inicial provoca salinización de suelos y escasez alimentaria, amenazando la seguridad nacional y aumentando la desigualdad, con impactos en la salud que incluyen un alza en enfermedades respiratorias y mentales por estrés post-desastre. En el ámbito rural, el abandono de tierras ha creado “montes abandonados” que actúan como combustible para fuegos mayores, afectando empleos y migración, mientras que el sector energético enfrenta interrupciones por sequías que reducen la producción hidroeléctrica, lo que podría elevar precios de la electricidad en un 20% para 2030. Estos impactos no solo drenan recursos públicos –con costos de adaptación estimados en billones de euros para 2050– sino que también frenan el crecimiento económico, subrayando la urgencia de un pacto que integre mitigación y adaptación para proteger tanto la prosperidad como la cohesión social en un país donde el 80% de la población vive en zonas urbanas expuestas a estos riesgos.

Críticas al Pacto Climático de Sánchez

Aunque el Pacto de Estado propuesto por Pedro Sánchez ha generado expectativas, enfrenta un escrutinio intenso de partidos opositores, expertos ambientales y organizaciones civiles que lo acusan de ser más un ejercicio de imagen política que un plan robusto con medidas concretas y financiamiento garantizado, especialmente en un contexto electoral donde el Gobierno busca diferenciarse de la derecha. Podemos ha calificado la iniciativa de “electoralismo barato”, argumentando que se trata de titulares vacíos sin compromisos reales, como la anulación de aumentos en gasto militar o la revocación de autorizaciones controvertidas como la ampliación del puerto de Valencia, que podrían agravar riesgos costeros, y exigiendo en cambio una reforma profunda que priorice la justicia social sobre la retórica. El Partido Popular (PP) ha rechazado participar en la convención de Ponferrada de octubre de 2025, optando por su propio plan de 50 medidas contra incendios que incluye un registro de pirómanos y mayor inversión local, mientras que la Fundación FAES, vinculada al PP, critica el documento de Sánchez por carecer de consistencia práctica, comparándolo con “unicornios” irreales y señalando omisiones en la coordinación con autonomías. Expertos como Andreu Escrivà han denunciado el borrador inicial por su redacción genérica y errores evidentes, como el uso de una foto de un bosque estadounidense en lugar de uno español, además de la falta de énfasis en educación ambiental, asambleas ciudadanas y una integración real de la ciencia que combata el negacionismo climático. Organizaciones como Greenpeace y Rebelión Científica advierten que las medidas no van lo suficientemente lejos, prediciendo un calentamiento de +4°C en el sur de Europa para 2100 si no se incluyen reformas agrarias globales, reducción del consumo de carne y una participación ciudadana vinculante, criticando también que solo el 30% de las ciudades tienen refugios climáticos funcionales. Estas críticas resaltan tensiones políticas inherentes, con el PP acusando al Gobierno de inacción previa y de invadir competencias regionales, lo que pone en duda la viabilidad del pacto sin un consenso genuino que supere la polarización actual.

Oportunidades y Desafíos del Pacto Climático

El Pacto Climático de Sánchez abre puertas a transformaciones positivas que podrían generar miles de empleos verdes en renovables y adaptación, fortaleciendo la economía española al posicionarla como líder en innovación ambiental dentro de la UE, pero enfrenta obstáculos significativos como la financiación compartida y la coordinación interadministrativa en un país con fuerte descentralización territorial. Entre las oportunidades, destaca el potencial para acelerar la transición ecológica, con España ya como potencia en solar y eólica que podría exportar tecnologías de riego eficiente y bosques resilientes, atrayendo inversiones europeas bajo el Green Deal y creando hasta 500.000 puestos de trabajo en sectores como la restauración de ecosistemas. La integración del cambio climático en presupuestos de defensa –con ese 13% dedicado a protección civil– representa una visión innovadora que alinea seguridad nacional con sostenibilidad, potencialmente inspirando a otros países mediterráneos en la lucha contra desastres compartidos. Sin embargo, los desafíos son formidables: la necesidad de acuerdos presupuestarios multipartidistas para fondos permanentes choca con la fragmentación política, mientras que la implementación en autonomías genera resistencias por temor a centralización, y la participación real de la sociedad civil requiere mecanismos transparentes para evitar que el pacto se diluya en burocracia. Encuestas indican un amplio apoyo público, con el 75% a favor, lo que podría presionar por acción, pero el éxito dependerá de consultas inclusivas con científicos, agricultores y ecologistas para que las medidas evolucionen y respondan a realidades locales, convirtiendo potenciales divisiones en una fuerza unificadora para un futuro más verde y seguro.

Conclusión

En resumen, el llamado de Pedro Sánchez al Pacto Climático emerge como un esfuerzo ambicioso para unir a España ante una emergencia que ya cobra vidas, destruye economías y altera paisajes, con propuestas como la agencia de emergencias, refugios contra el calor y estrategias hídricas que abordan directamente los 141 riesgos identificados en el informe ERICC-2025 y los devastadores impactos de incendios e inundaciones en 2025. Sin embargo, las críticas por su aparente falta de concreción, polarización política y omisiones científicas plantean dudas legítimas sobre si este será un verdadero pacto de Estado o una promesa que se desvanece en debates interminables, especialmente cuando eventos como el verano más cálido de la historia demandan acción inmediata y coordinada más allá de la retórica. Para que el pacto triunfe y proteja a generaciones futuras, es esencial fomentar un diálogo genuino que integre la ciencia rotunda, la voz de la sociedad civil y compromisos vinculantes de todas las administraciones, transformando la crisis climática en una oportunidad para una España más resiliente, equitativa y líder en la transición global hacia la sostenibilidad. Al final, el éxito no radica solo en las palabras de Sánchez, sino en la voluntad colectiva de actuar ahora, porque el cambio climático no distingue ideologías ni fronteras, y posponerlo solo agrava el costo para todos nosotros, desde las familias evacuadas hasta las comunidades rurales que custodian nuestro patrimonio natural.