Nepal levanta la prohibición de las redes sociales tras 19 muertos en las protestas
El gobierno de Nepal ha levantado una prohibición temporal sobre 26 plataformas de redes sociales, como Facebook, X, YouTube e Instagram, tras violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía que causaron al menos 19 muertes y más de 100 heridos. Esta decisión se tomó en una reunión de emergencia del gabinete para responder a las demandas de miles de jóvenes que protestaron contra la medida y la corrupción generalizada, destacando un momento crítico en la lucha por la libertad digital y la transparencia gubernamental en el país.
Antecedentes de la prohibición y su justificación
La prohibición se implementó la semana pasada cuando las autoridades nepalesas ordenaron el bloqueo de estas plataformas por no cumplir con un plazo establecido para registrarse en el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información. Según el gobierno, esta acción no era un veto permanente, sino un esfuerzo para regular el contenido y combatir problemas como las noticias falsas, el discurso de odio y el fraude en línea, que han proliferado en un país donde el acceso a internet ha explotado en los últimos años. De acuerdo con datos del Banco Mundial, Nepal cuenta con más de 20 millones de usuarios de internet en una población de aproximadamente 30 millones, y plataformas como Instagram y YouTube son fundamentales para el entretenimiento, la educación y el comercio electrónico, especialmente entre la juventud urbana y rural.
Este no es el primer intento de regulación estricta en Nepal. En noviembre de 2023, el gobierno prohibió TikTok citando preocupaciones sobre su impacto en la “armonía social” y la difusión de contenido perjudicial, según informes de Reuters. La medida actual se enmarca en un contexto más amplio de tensiones políticas, donde el gobierno liderado por el primer ministro K.P. Sharma Oli ha enfrentado críticas por políticas perceivedas como autoritarias. Fuentes como The Guardian destacan que Nepal, un país montañoso con una economía dependiente del turismo y las remesas, ha visto un aumento en el uso de redes sociales para organizar movimientos civiles, similar a lo ocurrido en protestas pasadas contra la corrupción en 2015 tras el terremoto devastador.
Expertos en derechos digitales, como los de Access Now, argumentan que tales prohibiciones violan la libertad de expresión garantizada por la Constitución nepalesa de 2015, que surgió tras el fin de la monarquía en 2008 y prometió una democracia más inclusiva. La prohibición afectó no solo a usuarios individuales, sino a pequeñas empresas que dependen de estas plataformas para marketing y ventas, interrumpiendo cadenas de suministro y causando pérdidas económicas estimadas en millones de rupias nepalesas, según análisis preliminares de la Cámara de Comercio de Nepal.
Desarrollo de las protestas y los enfrentamientos
Las manifestaciones comenzaron el lunes en Katmandú, donde miles de jóvenes, en su mayoría de la Generación Z (nacidos después de 1997), irrumpieron en el edificio del parlamento exigiendo no solo el levantamiento de la prohibición, sino también medidas concretas contra la corrupción endémica que ha plagado al país durante décadas. Los manifestantes, organizados a través de canales alternativos como WhatsApp y Telegram (que no fueron bloqueados), portaban pancartas con lemas como “basta ya” (enough is enough), “fin a la corrupción” y “queremos nuestro país de vuelta”. Una joven manifestante, Sabana Budathoki, declaró a la BBC que la prohibición de redes sociales fue solo el catalizador: “El verdadero enfoque es la corrupción. Queremos detenerla y recuperar el control de nuestro país”.
Los disturbios se extendieron rápidamente a otras ciudades como Pokhara y Biratnagar, con reportes de Al Jazeera indicando que al menos 19 personas murieron por heridas de bala de goma, asfixia por gases lacrimógenos o golpes durante los enfrentamientos. La policía utilizó cañones de agua, porras y balas de goma para dispersar a la multitud, lo que generó acusaciones de uso excesivo de fuerza. Más de 100 heridos fueron atendidos en hospitales locales, muchos con fracturas y traumas, según el Ministerio de Salud de Nepal. Videos compartidos en medios internacionales muestran escenas caóticas, con manifestantes escalando barricadas y policías respondiendo con tácticas de contención que recordaron las protestas de 2006 durante el movimiento prodemocracia.
El descontento juvenil se alimenta de problemas estructurales Nepal tiene una tasa de desempleo juvenil superior al 20%, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la corrupción, clasificada en el puesto 110 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2023, ha erosionado la confianza en instituciones como el parlamento y el poder judicial. Los manifestantes, muchos estudiantes y profesionales jóvenes, ven las redes sociales como una herramienta esencial para exponer escándalos, como el reciente caso de malversación en proyectos de infraestructura post-terremoto.
Respuesta inmediata del gobierno y renuncias
En respuesta a la escalada, el gabinete se reunió de urgencia el lunes por la noche, y el Ministro de Comunicaciones e Información, Prithvi Subba Gurung, anunció el levantamiento de la prohibición para “abordar las demandas de la Generación Z”, según citas en The Himalayan Times. Esta reversión se produjo apenas horas después de los peores enfrentamientos, marcando una victoria rápida para los manifestantes pero también destacando la volatilidad política en Nepal, donde coaliciones frágiles han llevado a frecuentes cambios de gobierno desde 2008.
Un desarrollo clave fue la renuncia del Ministro del Interior, Ramesh Lekhak, quien dimitió esa misma noche en medio de críticas por la gestión de la crisis y el uso de fuerza letal. Fuentes de AP News indican que Lekhak asumió responsabilidad personal, aunque analistas sugieren que fue una movida estratégica para calmar la ira pública. El primer ministro Oli ha prometido una investigación independiente sobre los incidentes, posiblemente involucrando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal, para examinar denuncias de abusos policiales. Además, se ha anunciado un diálogo con líderes juveniles para discutir reformas anticorrupción, incluyendo mayor transparencia en contratos gubernamentales y regulaciones digitales más equilibradas.
Las redes sociales son un pilar en la sociedad nepalesa, donde plataformas como Facebook tienen más de 10 millones de usuarios activos, según Statista, y sirven como fuente principal de noticias en un país con medios tradicionales limitados por censura y recursos. La prohibición temporal interrumpió no solo el ocio, sino actividades económicas clave: influencers y vendedores en línea perdieron ingresos, y comunidades rurales se aislaron de actualizaciones sobre clima y mercados agrícolas. En un país donde el PIB per cápita es de alrededor de 1,200 dólares anuales (datos del Banco Mundial), estas interrupciones exacerbaron desigualdades, afectando especialmente a mujeres y minorías étnicas que usan estas herramientas para empoderamiento y educación.
A nivel internacional, organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International han condenado la represión, urgiendo a Nepal a respetar compromisos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Países vecinos como India, que ha implementado bloqueos similares en Cachemira, observan de cerca, mientras que la Unión Europea ha expresado preocupación por la estabilidad en la región del Himalaya. Este episodio resalta desafíos globales en la era digital, donde gobiernos luchan por equilibrar seguridad con libertades, y podría influir en políticas futuras en el sur de Asia.
En el largo plazo, el levantamiento de la prohibición podría fomentar un registro más eficiente de plataformas extranjeras, pero los manifestantes insisten en cambios sistémicos para combatir la corrupción, que cuesta a Nepal miles de millones en ayuda internacional malgastada. Con una población joven que representa el 40% del total, según el censo de 2021, el gobierno enfrenta presiones para reformas que incluyan educación digital y mecanismos anticorrupción más robustos.
